El consentimiento debe ser informado

Artículo en Blog de CajaSiete, 15 de mayo de 2018

Leopoldo Cólogan


Las Américas, Sur de la Isla de Tenerife.

En ocasiones, no basta con un sí, para que, en nuestro derecho, se considere que se ha prestado el consentimiento. Esto es así, por cuanto se exige que, para que ese sí sea válido, previamente se haya dispuesto de toda la información necesaria, atendiendo al negocio del que hablemos, las ventajas, los riesgos y las consecuencias, y, por supuesto, se ha de estar en plenas facultades y disponer de capacidad para ello, incluso, en algunos casos, se establece un tiempo mínimo que ha de existir entre el momento en que se disponga de la información y se tome la decisión.

Además, ese sí, no es ilimitado, sino que alcanza hasta donde haya alcanzado la información previamente facilitada.

“la Sentencia del Tribunal Supremo,  establece que la ausencia de la información adecuada no determina por sí la existencia del error o vicio en el consentimiento, pero sí permite presumirlo y que la normativa del mercado de valores da una destacada importancia al correcto conocimiento por el cliente de los riesgos que asume al contratar productos y servicios de inversión.”

Un ejemplo de ello es, precisamente, el sector bancario, en el actualmente, más exigente que antes, las entidades financieras deben facilitar un dossier de información al cliente, del que ha de disponer, como mínimo, siete días antes de la firma de un préstamo hipotecario. En este sentido cabe destacar la Sentencia del Tribunal Supremo, de la Sala Primera, de lo Civil, número 71/2018, de 13 de febrero, que establece que la ausencia de la información adecuada no determina por sí la existencia del error o vicio en el consentimiento, pero sí permite presumirlo y que la normativa del mercado de valores da una destacada importancia al correcto conocimiento por el cliente de los riesgos que asume al contratar productos y servicios de inversión.

Incluso, en el supuesto de actividades deportivas se distingue entre los riesgos normales de la actividad asumidos por los deportistas, de aquellos riesgos anormales, atípicos, cualificados o intensificados.

El paradigma del consentimiento informado pertenece al ámbito del sector sanitario, y lo define la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, como, la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud; y de este consentimiento informado derivó, por ejemplo, lo que hoy conocemos como el testamento vital, con la finalidad de que cualquier persona pueda indicar su deseo de que se le deje de aplicar un tratamiento en caso de enfermedad terminal.

Tanto es así, que el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, entre otras, en su Sentencia de 13 noviembre 2012, estableció que la vulneración del derecho a un consentimiento informado constituye en sí misma o por sí sola una infracción de la “lex artis ad hoc”, que lesiona el derecho de autodeterminación al impedir elegir con conocimiento, y de acuerdo con los propios intereses y preferencias, entre las diversas opciones vitales que se le presentan a las personas.

Incluso, en algunos casos, no basta solo con el consentimiento, sino que este requiere de la asistencia de abogado, como, por ejemplo, para la toma de muestras biológicas encaminadas a la obtención de ADN de una persona detenida cuando esté orientada a la práctica de una prueba pertinente para el esclarecimiento del hecho que justificó su detención, así como para la entrada y registro de su domicilio, porque esta última contempla la injerencia clara en un derecho constitucional como es la inviolabilidad del domicilio.

Todo esto nos lleva a concluir lo absurdo de nuestro Código Penal, cuando establece que no es violación sino abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido, así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. Por supuesto que no hay consentimiento, pero eso debe ser considerado como una violación, por cuanto la violencia o intimidación se lleva a cabo cuando se anula la voluntad de la otra persona y se violenta la ausencia de sentido.

Igualmente, podría resultar insuficiente el Código Penal cuando establece como una especie de agravante, el que la violación la cometan conjuntamente de dos o más personas, como si se tratase de un mismo delito, cuando ello de por sí debería considerarse como un delito con entidad propia, mucho más grave aún que la violación llevada a cabo por una persona, por ser un hecho que rechaza aún más la sociedad en la que vivimos.

Algo está cambiando, y mucho va a ayudar la ejemplar reacción social en defensa de la libertad o indemnidad sexual, en la que los consentimientos llevan implícitos la aceptación de riesgos sanitarios y/o de embarazos, y esos riesgos se multiplican cuando más sean las personas que intervienen en el delito, para que todos tomemos consciencia de lo que está bien y de lo que está mal, y no todo vale, y es fundamental que las víctimas se sientan apoyadas por la sociedad, y especialmente las mujeres, erradicando cualquier atisbo de machismo.

Contextualizado el hecho e identificada la víctima, a quien se debe juzgar es al presunto agresor. Si alguien entra para cometer un delito en un domicilio, además de eso, está generando una situación no deseada por los que lo habitan y está asumiendo el riesgo de lo que ocurra. Si los que habitan, se bloquean y no se defienden, nunca puede significar que están prestando consentimiento a la invasión, y si se defienden, debe considerarse legítima defensa, sin importar mucho la proporcionalidad en el medio con el que se defiendan; y si ese medio de defensa resultase ser ilegal, podría llegar a considerarse, incluso, como una prueba ilícitamente obtenida, al haberse vulnerado para ello un derecho fundamental como es la inviolabilidad del domicilio; lo cual, nos recuerda la teoría de origen americano del fruto del árbol envenenado.

Las cosas son lo que son y no como se les llame, y, más allá de posicionamientos y pactos políticos, una mujer fue la que ganó las últimas elecciones catalanas, aunque no se haya enterado la comunidad internacional, porque a unos no les interesaba al deslucir sus quimeras, y a otros tampoco porque les afectaba a sus intereses partidistas, pero hubiese estado bien para una imagen moderna, actual y no machista de España en general, y de Cataluña en particular, que de ello se hubiese enterado la comunidad internacional.

No quiero terminar esta reflexión, sin el recuerdo especial a una mujer que se nos ha ido recientemente, muy pronto, Julia de Paz, de las mejores abogadas administrativistas que he conocido, que me honró siendo su padrino de jura, y un ejemplo para todos de la alegría con la que hay que afrontar la vida en los momentos realmente importantes.

Consent must be informed consent

Article in CajaSiete Blog, 15 may 2018

Leopoldo Cólogan


Las Américas, south of Tenerife Island.

Sometimes a ‘yes’ is not sufficient for it to be deemed that consent has been granted under our law. This is because for it to be valid it is required that all necessary information pertaining to the business we are referring to – the benefits, risks and consequences – has been made available beforehand, and one must be of sound mind and have the capacity for this. In some cases, a minimum period is stipulated between the moment that information is provided and the time of the decision.

What’s more, this yes is not boundless, it only goes as far as the information previously disclosed.

“The ruling of the Supreme Court, which sets out that the absence of adequate information does not in itself determine the existence of error or flawed consent, however it does permit the presumption of such, and that the legislation of the stock market attaches great importance to the correct understanding of the risks borne by contracting products and investment services on the part of the customer.”

An example of this is the banking sector – which is currently more demanding than ever before – where financial institutions are required to provide customers with an information pack that must be made available at least seven days before a mortgage contract is signed. In this respect, mention should be made of the ruling of the First Chamber of the Supreme Court in Civil Matters 71/2018 of 13 February, which sets out that the absence of adequate information does not in itself determine the existence of error or flawed consent, however it does permit the presumption of such, and that the legislation of the stock market attaches great importance to the correct understanding of the risks borne by contracting products and investment services on the part of the customer.

In the case of sporting activities, a distinction is made between the normal risks associated with the activity incurred by athletes and abnormal, atypical, qualified and increased risks.

The paradigm of informed consent falls within the scope of the health sector as defined in Act 41/2002 of 14 November which regulates patient autonomy as well as rights and obligations with regards to clinical information and documentation, such as free, voluntary and deliberate conformity of a patient, expressed with a sound mind after having received the adequate information, in order for an act to take place that affects his or her health. For example, that which we now refer to as the Living Will is derived from this consent, with which any person can express their desire that treatment is not performed on them in the case of terminal illness.

So much so that the Third Chamber of the Supreme Court in Administrative Matters, Section 4, among others, sets out in its Ruling of 13 November 2012 that the infringement of the right to informed consent in itself or by itself constitutes a violation of the lex artis ad hoc, which infringes the right of self-determination by preventing people from choosing between the various life choices that they are presented with in an informed manner and in line with their own interests and preferences.

In some cases, however, consent is simply not enough, instead there is the need for legal counsel, for example in the case of biological samples being taken in order to obtain the DNA of a detained person for the purpose of carrying out an appropriate test to shed light on the event that led to his or her detention, as well as in the case of entering and searching his or her home as the latter encroaches on the constitutional right that is the inviolability of the home.

All this leads us to draw conclusions on the absurdity of our Penal Code where it establishes that acts that are performed on people who are incapacitated and those which override the will of the victim with the use of pharmaceuticals, drugs or any other natural or chemical substance to this end do not constitute rape, but rather sexual abuse without consent. Assuming that there is no consent, this should be considered rape as violence or intimidation takes place when the will of the other person is overridden and their incapacity is violated.

The Penal Code could prove equally insufficient where it establishes that rape committed jointly by two or more persons is a type of aggravating circumstance, treating it as if it were the same crime when it should be considered a separate offence that is far more serious than rape committed by one person, since the society in which we live rejects this even more strongly.

Something is shifting and this will very much aid the exemplary social response in the defence of sexual liberty or integrity, whereby consent implicitly accepts the health and/or pregnancy risks, and these risks are multiplied when more than one person are involved in the offence, in order to raise the awareness of what is right and what is wrong, and that not everything is acceptable. It is crucial that the victims feel supported by society, especially women, thereby eradicating any hint of machismo.

Once the offence has been put into context and the victim identified, the person who should be judged is the alleged aggressor. If someone enters a home to commit an offence, he/she is creating an undesirable situation for those who live there and assumes the risk for that which occurs. If those who live there freeze and do not defend themselves, this would never imply that they are consenting to the intrusion, and if they do defend themselves, this should be considered self-defence without much concern for the proportionality of the defence method they use; and if this defence method turns out to be illegal, this may also be considered to be unlawfully obtained evidence having infringed the fundamental right that is the inviolability of the home. This is reminiscent of the American theory of the fruit of the poisoned tree.

Things are what they are and not what they are called and, beyond stances and political agreements, it was a woman who won the last Catalan elections, even though the international community is probably not aware of it, because for some it represented no threat to their utopian dreams while for others it did not get in the way of their partisan interests. However, this would have been good for a modern and non-chauvinist image of Spain in general, and in Catalonia in particular, that the international community would have seen.

I do not want to end this observation without touching on the special memory of a woman who recently left us too soon, Julia de Paz. She was one of the best administrative lawyers I have ever met, who gave me the honour of being the witness at her swearing-in ceremony, and was an example to everyone of how to go about life with joy in the moments that really matter.